sábado, 22 de enero de 2011

Antropologia del desarrollo Andreu Viola (copilador) Cap 3


Antropologia del desarrollo.
Andreu Viola –compilador, autores varios-
Ecologia
Cap 3.
Pags129 a 167

De la economía política a la ecología política:
Balance global del ecomarxismo y la crítica al desarrollo


Eduardo Bedoya Garland
Soledad Martínez Márquez
Universidad Rovira i Virgili, Tarragona


Ecologia Politica.

Como consecuencia de la crisis ecológica global provocada por el capitalismo y de los desastres ecológicos del proceso de industrialización ocurridos en países de la ex Unión Soviética, se ha desarrollado una nueva disciplina de estudio centrada en el análisis de las causas políticas, económicas y sociales que generan la mencionada destrucción de los ecosistemas.
La referida disciplina, aún en formación, denominada ecología política, constituye un campo interdisciplinario de reflexión e investigación.
Académicos de diversas disciplinas han contribuido a la profundización epistemológica de la ecología política.
Quienes trabajamos en el interior de la Antropología conocemos que quien por primera vez utilizó el término fue Eric Wolf (1972), en un codo artículo titulado «Propiedad y ecología política».
Para Wolf, las formas de distribución de los recursos naturales y quienes tienen control de dicha distribución, influyen decididamente en la manera como se usan los ecosistemas.
Anteriormente, sin utilizar el término «ecologia política», Geertz (,1963) articuló de manera ingeniosa la presión ejercida por la presencia del colonialismo holandés en las islas de Java con el desarrollo del denominado proceso de involución agrícola.
Es decir, factores políticos en última instancia explican la difusión de determinados sistemas agrícolas.
Sin embargo, el desarrollo de la ecología política no se intensifica hasta mediados de los ochenta.
El marxismo, el feminismo y el posmodernismo no podían eludir la discusión planteada dada la magnitud del problema ecológico, contaminación radioctiva “Chernobyl”, el efecto invernadero, el calentamiento de la tierra y la deforestación en la Amazonía han cuestionado:


En primer lugar, la concepción y la praxis del crecimiento ilimitado y del desarrollo tecnológico;
En segundo lugar, han obligado a discutir las bases no solamente de numerosas disciplinas científicas sino sobre todo la orientación de numerosas corrientes de filosofía social. El marxismo, en tanto economía política o sociología económica, también requiere revisar sus propias bases teóricas sobre las que se construyó. La ley del valor y el sentido progresivo de la historia ‑o de las fuerzas productivas en particular‑, constituyen temáticas marxistas que deben ser reformuladas.


En este artículo pretendemos desarrollar un balance global ‑aunque obviamente incompleto de algunos de los indicados tópicos.
Para ello, hemos dividido el documento en tres secciones.





En la primera sección, analizaremos la relativamente reciente propuesta de James O'Connor (1989) sobre la segunda contradicción ecológica del capitalismo.
En la segunda, discutimos algunas de las críticas provenientes del ecofeminismo elaboradas por Barbara Holland‑Cunz (1996).
En la tercera, escribimos un balance global de la economía política marxista empezando con un tema relativamente complejo como es la ley del valor, e igualmente describimos las diversas dificultades que tiene la ley del valor en la discusión de la problemática ecológica. Seguidamente, y en el interior de la misma sección, presentamos los aspectos que pueden ser considerados como contribuciones de la economía marxista al desarrollo de la ecología política.
En las conclusiones procuramos relacionar los aportes de la ecología política a la crítica y práctica del desarrollo.


Cabe remarcar que nuestro artículo se centra en países no industrializados o de economías emergentes de reciente industrialización.
De manera secundaria, abordamos problemática de países industrializados.

1. El ecomarxismo y la segunda contradicción del cpitañismo.

James O'Connor (1989) desde el marxismo ha desarrollado el concepto de la segunda contradicción ecológica del capitalismo.
Tal como se conoce, según Marx, la primera y fundamental contridicción en el capitalismo es la que enfrenta al capital con el trabijo.
Esta contradicción se expresa de manera cotidiana en la lucha de clases y se agudiza con el incremento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo y el correspondiente aumento de la plusvalía.
A nivel macroeconómico dicha contradicción conduce a la denominadas «crisis de sobreproducción capitalista».
Una explotación muy intensa de la fuerza de trabajo implica, entre otros aspectos, una disminución del salario real de los trabajadores; y en consecuencia, los asalariados no dispondrán de dinero para adqurir las mercancías.

No obstante, señala O'Connor, el desarrollo del capitalismo y la industrialización obliga a reflexionar sobre la existencia de una segunda contradicción.
Como explica este autor, tal contradicción es la que se da entre:
-el modo de producción capitalista y
-las denominadas condiciones de producción, concepto inicialmente elaborado por Marx y retomado posteriormente por Polanyi (1989, págs. 211 221).

Concretamente éstas abarcan la naturaleza o los ecosistemas, las personas y el medio ambiente socialmente construido de la infraestructura urbana.

O'Connor (1994) señala, siguiendo a Polanyi, que las dos primeras condiciones de producción ‑naturaleza y personas­- originalmente no surgieron como mercancía pero fueron transformadas en tales con la expansión capitalista.  
Polanyi denominó específicamente a las dos primeras como mercancias «ficticias», subordinadas a las leyes del mercado por juego de la oferta y demanda.
A través de este último proceso, el capitalismo continuamente se apropia, utiliza y destruye la naturaleza, o degrada seriamente la calidad de vida de las personas.





En base a una lógica expansiva, competitiva y cortopiacista, la dinámica capitalista deteriora su propia base de reproducción (O'Connor, 1994).
En ese proceso, se generan las externalidades negativas, las cuales constituyen los costos derivados del proceso de producción no asumidos por el capital.
La contaminación atmosférica, el calentamiento de la tierra, las enfermedades provocadas por desequlibrio ecológico, etc., conforman las mencionadas externalidades.


En determinados períodos históricos el Estado ha intervenido para detener la acción destructiva del capitalismo frente a estas dos «condiciones de producción», las cuales de otra forma hubieran sido totalmente aniquiladas (Polanyi 1989, pág. 217). Igualmente, el rol del Estado ha sido significativo en el establecimiento de la infraestructura urbana, en obras tales como el tendido eléctrico, las carreteras y los ferrocarriles.
La acción del Estado ha permitido reducir los costos de la inversión privada, disciplinar la fuerza de trabajo en horarios laborales definidos e incrementar la tasa de ganancias del capital privado.

La mencionada contradicción ecológica conduce tanto a una crisis de liquidez en el capitalismo como a una de subproducción, reduciendo la capacidad de maniobra del capital, disminuyendo su disponibilidad de recursos naturales, incrementando sus costes productivos y eventualmente aminorando su capacidad financiera, O'Connor (1994) resalta que a diferencia de la primera contradicción, en la segunda no existe un elemento que adquiera la centralidad teórica que caracteriza al conflicto entre el capital y el trabajo de la primera contradicción, es decir la lucha de clases.
En otras palabras, no existe, en la segunda contradicción, un único conflicto ecológico que la tipifique o la exprese de manera exclusiva.

Los conflictos ecológicos son sumamente diversos en sus formas de expresión.

Resulta significativa la contribución de J. O'Connor (1989) al desarrollo de una perspectiva ecológica dentro del marxismo.
La necesidad de reflexionar la dimensión ecológica en los conflictos sociales constituye un aporte sumamente importante.
Tradicionalmente, la economía política se ha preocupado de analizar los conflictos que ocurren entre las diversas clases sociales en relación a la distribución de la riqueza o del excedente económico.
La ecología política y en particular, algunas de sus perspectivas como el ecomarxismo y el ecofeminismo, se preocupan de reflexionar sobre los conflictos derivados de la relación de la sociedad con la naturaleza, es decir los conflictos ecológicos (Guha y Martínez‑Alier, 1997).
O'Connor (1989) articula de manera novedosa los procesos de acumulación capitalista y las crisis derivadas de esta dinámica, y las correspondientes contradicciones o luchas políticas con los respectivos mecanismos de explotación de los ecosistemas.
La perspectiva teórica de O'Connor ha sido utilizada en países como Nicaragua, por autores como Swezey y Faber (1988), para analizar los conflictos que ocurren entre diversas clases sociales sobre la implementación de pesticidas en regiones algodoneras.
Otros autores como Ueta (1989) la han utilizado para investigar los problemas derivados del control de la contaminación en China.

No obstante, es importante señalar algunas de las dificultades teóricas a las que nos enfrentamos con la señalada contradicción ecológica.



En primer lugar, tal como hemos señalado, las denominadas condiciones de producción abarcan aspectos muy diferentes, tales como la población humana y la infraestructura urbana, lo cual complica la elaboración de enfoques teóricos coherentes.
En segundo lugar, si bien la contradicción ecológica tiene una auténtica y fundamental legitimidad teórica en la medida que expresa una dimensión del proceso económico que influye continuamente en los ciclos económicos del capital, no se debe ni se puede separar del análisis la segunda contradicción de la primera.


En realidad, todos los conflictos ecológicos provocados por el capitalismo conducen a la primera contradicción, es decir al modo y estilo de extracción del excedente económico.

Por ejemplo, tomemos el caso de los campesinos colonos que vienen ocupando las tierras de frontera en la Amazonía peruana o brasileña.
Los mencionados productores permanentemente requieren sobreexplotar el ecosistema tropical a través de la deforestación o la intensifica­ción y correspondiente degradación del suelo.
Tal como se ha demostrado (Painter, 1987; Collins, 1987; Bedoya, 1987), dicha dinámica de destrucción ambiental es resultado de la forma des­ventajosa como los colonos se articulan con el mercado capitalis­ta, a través de la venta de sus productos agropecuarios. A los colonos, como consecuencia de los bajos ingresos que perciben por la venta de dichos productos, se les presiona a deforestar el bosque virgen, cuando existen tierras disponibles, o a cultivar la tierra sin el adecuado período de descanso del suelo.
    
                                                                                                
     La relación desfavorable con el mercado laboral también gene­ra efectos en los ecosistemas y en la calidad de vida de los colo­nos.
     Usualmente numerosos colonos venden su fuerza de trabajo de manera estacional, sobre todo en las fases iniciales de la colo­nización. Empero, cuando los indicados agricultores no perciben suficientes ingresos monetarios por la venta temporal de su fuer­za de trabajo sobreutilizan los recursos naturales sobrepasando la relativa capacidad de carga del ecosistema. Ello también implica para el colono incrementar el número de horas de trabajo, deterio­rando su calidad de salud y de vida en general.
     Tanto en el caso derivado del intercambio desigual entre el campo y la ciudad, como en el del trabajo asalariado, encontramos un ejemplo de la explotación del campesino por parte del capital y, simultáneamen­te, la generación de externalidades ambientales negativas, tales como la pérdida de la biodiversidad ‑producto de la deforesta­ción‑, la acelerada erosión del suelo y el deterioro de la propia capacidad física del colono.
En otras palabras, la intensidad de la explotación de la naturaleza humana y no humana es resultado de la forma de extracción de excedentes, vía los bajos precios agro­pecuarios, y el modo de utilización de la mano de obra.
La segunda contradicción adquiere sentido a través de la primera.

Sin embargo, debemos remarcar que la articulación de ambas no implica la negación de la contradicción ecológica. Por un lado, el deterioro de las condiciones de producción y de los ecosiste­mas como consecuencia de la lógica de la reproducción ampliada, requiere no sólo de un análisis aparte sino que la misma dinámica de degradación de los ecosistemas conduce a un reformulación de la economía política.
La reciente e intensa explotación de la naturaleza ha provocado un cuestionamiento sobre las posibilida­des futuras de reproducción del capital, Tal es la magnitud de las externalidades ambientales que pueden poner en peligro la super­vivencia de la modernidad y del correspondiente estilo de vida.
Por otro lado, no sólo se trata de comprender las características que adquieren los procesos de acumulación ampliada y los modos de utilización de la mano de obra sino también las formas como el capital se interesa en utilizar los recursos que le puede proporcio­nar la naturaleza.
Martin O'Connor (1994), por ejemplo, explica cómo recientemente la expansión capitalista ha modificado en algunos casos, y ampliado en otros, el modo de uso de los eco­sistemas localizados en las regiones de frontera.
Históricamente, el capital simplemente se ha interesado en utilizar los recursos naturales tales como el caucho, el petróleo o también en reclutar fuerza de trabajo indígena.
En base a una serie de descubrimien­tos relacionados con la biotecnología y reforzados por la etnobo­tánica, el capital ha transformado su estilo de explotación de la naturaleza.
Ello ha provocado que el capital se interese más en una conquista ecológica de la naturaleza.
La diversidad de espe­cies de plantas y árboles, y por supuesto animales, ha implicado que ciertas empresas defiendan la integridad de los territorios indígenas como única manera de garantizar los recursos a explo­tar, Asimismo, debido a que el conocimiento de las poblaciones indígenas respecto a tales recursos puede resultar eventualmen­te valioso, la expansión del capital no sólo es ecológica sino tam­bién semiótica.





II.
La crítica de Holland‑Cunz al ecomarxismo:
determinación social o lógica propia de la naturaleza


Holland‑Cunz (1996) analiza desde una perspectiva ecofeminista los planteamientos desarrollados por James O'Connor (1989) sobre el ecomarxismo y, en particular, la segunda contradicción.
Las críticas' de Holland‑Cunz (1996, pág. 82) a dicho planteamiento se basan, en primer lugar, en que O´Connor no otorga adecuadamente a la naturaleza una autonomía o lógica propia interna.
En segundo lugar, se sigue considerando a la naturaleza desde un punto de vista económico, medio de producción humano y condición existencial, carente de lógica propia.
En otras palabras, a pesar del aporte de O'Connor, su propuesta no deja de considerar la naturaleza como objeto y como un elemento absolutamente determinado por las relaciones sociales (Ibíd, pág, 85).
Lo que ocurre es que en la estructura interna de este tipo de teorías, su énfasis en las relaciones sociales de dominio y subordinación, dificulta la posibilidad de determinar la lógica interna de la naturaleza no humana y de percibir los aspectos no sociales en la relación sociedad‑naturaleza (Ibíd, pág, 86).
Las leyes propias de la naturaleza no humana pasan desapercibidas.

Holland‑Cunz señala que cabría reflexionar e incluso cuestionar el carácter socialmente determinante que, en última instancia, tienen las relaciones de la naturaleza humana con la naturaleza no humana, dentro de la tradición marxista.
Para Holland‑Curiz, dentro del marxismo, y obviamente dentro del ecomarxismo, existe un problema teórico‑metodológico que radica en que a la naturaleza no humana no se le otorga un carácter autónomo.
Desde un enfoque estructural lo importante sería considerar la naturaleza como un elemento de carácter independiente, el cual es influido por las relaciones que tiene con la sociedad pero a las cuales, a su vez, determina (Ibíd, pág. 81).
Igualmente, Holland‑Cunz desarrolla una interesante crítica a ciertas afirmaciones de Marx (1966) que se encuentran en los Manuscritos económicos filosóficos, y que sin duda tampoco son cuestionadas por el ecomarxismo.

Para ello, esta autora remarca que para Marx el ser humano vive y es parte de la naturaleza, y que ésta es su cuerpo, con la cual tiene que relacionarse en un proceso continuo si no desea fallecer.

Holland‑Cunz señala, no obstante, el carácter contradictorio del pensamiento de Marx.
Por un lado, dicha relación se presenta como exclusivamente antropocéntrica e instrumentalizadora, dado que la naturaleza aparece descrita de forma posesiva. Por otro lado, sin embargo, en el mismo texto, Marx concibe el ser humano como parte de la naturaleza no humana.
La naturaleza resulta definida no sólo como objeto sino también como aquel aspecto de la vida que determina o posibilita la vida y la muerte de las personas. En esta última interpretación, la imagen de la naturaleza no humana no es exclusivamente antro pocéntrica; la imagen del hombre no se contrasta de manera rigurosa con la naturaleza no humana (Holland‑Curiz, 1996, pág. 88).

Coincidiendo con el ecomarxismo, Holland‑Cunz también critica a un cierto marxismo ortodoxo por su creencia en el progreso ilimitado de las fuerzas productivas o tecnológicas y en el continuo incremento de la riqueza, sin tener en cuenta el efecto que genera en la naturaleza, en general, y en los ecosistemas, en particular. Tampoco se cuestiona el sentido instrumentalista que tiene la relación entre sociedad y naturaleza no humana (Ibíd, págs. 86‑87).
Marx y Enges:
Holland‑Cunz remarca que Engels desarrolló una concepción de la naturaleza no humana bastante más elaborada y apropiada que la de Marx, Para Engels, la materia natural implica movimiento, actividad dotada de lógica propia, y por lo mismo no tiene el carácter aparentemente pasivo que le otorgaba Marx. Para ello Holland‑Cunz resalta las frases de Engels, quien afirma que « el movimiento de la materia, no es simplemente el bruto rnovimiento mecánico sino que es calor y luz, tensión eléctrica y magnética, confluencia y dispersión química, vida y finalmente conciencia» (Engels, 1961, pág. 328).
Holland Cunz enfatiza el carácter vivo y potencialmente inteligente de la naturaleza no humana, la cual aparece aquí claramente dotada de una lógica propia y cuyo movimiento y producción no son descritos como formas de existencia únicamente humanas.

De hecho confirieron al desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas un sentido histórico progresivo. La transición del feudalismo al capitalismo permitió el desencadenamiento de nuevas y progresivas formas de división técnica del trabajo nunca antes alcanzadas.
A nivel práctico, únicamente Marx reclamó la socialización de la tecnología y de los avances científicos logrados por el capitalismo a través de una revolución social.
A nivel teórico y en una nota a pie de página en el primer volumen de El Capital, Marx señaló la necesidad de escribir una historia de la tecnología.
Las externalidades ambientales provocadas por la expansión de las fuerzas productivas capitalistas sólo motivaron reflexiones muy interesantes pero aisladas o marginales para el conjunto de su tra­bajo.
Dichas externalidades no fueron introducidas de manera estructurada en el conjunto de la economía política.
No nos cabe la menor duda de que Holland‑Cunz desarrolla una interesante y útil crítica al ecomarxismo, centrada en la temática de la relación sociedad‑naturaleza.
En gran medida, el problema se ori­gina en que al elaborar la crítica de la economía política, Marx y Engels no desarrollaron un análisis sistemático de la problemática ecológica.
Por lo mismo, en el conjunto de su trabajo sus reflexiones pueden ser contradictorias.
Algunos autores, como Harvey, remarcan que Marx y Engels mantuvieron los criterios elaborados durante la Ilustración sobre la necesidad de dominar la naturaleza como forma de lograr tanto la emancipación de la sociedad ‑librándose de las necesidades más biológicas‑ como también la autorrealización indi­vidual.
Sin embargo, tal como lo enfatiza Holland‑Cunz, el mismo Engels (1961) fue conscien­te de los problemas derivados de dominar y controlar la naturaleza, « ... de ninguna manera dominamos la naturaleza, tal como un conquistador domina a un pueblo extraño, como al­guien que se encuentra fuera de su cuerpo, sino que con carne y sangre y Cerebro forma­mos parte de ella». Por ello, según Engels, habrá que eliminar «esa idea absurda y antinatu­ral de la contraposición entre espíritu y materia, alma y cuerpo (Ibíd, pág. 432),

Economistas clásicos como Smith y Ricardo también partici­paron de dicho enfoque.
Cabe indicar, empero, que para Marx todo « progreso de la agricultura capitalista no es sólo un progreso en el arte de esquil­mar al obrero, sino en el arte de esquilmar al suelo» (Marx, 1979, págs. 612‑613).
Más aún, resulta sumamente interesante la mane­ra como Engels cuestiona las supuestas «victorias humanas» sobre la naturaleza dado que ésta se «venga de nosotros por cada una de las derrotas que le inferimos» (1961, pág. 161).

Engels fue consciente de que quienes deforestaron los bosques de Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y otras regiones, con el objetivo de introducir la agricultura, no se imaginaron que tarde o temprano destruía centros de almacenamiento de humedad (Ibíd).

            Globalmente, y a pesar de los comentarios de Engels señalados por Holland‑Cunz y de las afirmaciones de Marx sobre destrucción de los suelos provocada por el capitalismo,

sus analisis no profundizan de manera sistemática en el proceso social de instrumentalización de la naturaleza o en cómo se construye una concepción de la naturaleza como un recurso a explotar y a utilizar eficientemente.






III.
Balance global de las contribuciones metodológicas
de la economía política
a la ecología política

                                                                                  
            Una de las claves para elaborar un balance global de las posibles contribuciones del marxismo a la ecología política es la teoría de la producción marxista y su relación con los procesos ecológicos

            El estudio realizado por Marx: del proceso de producción constituye uno de los ejes fundamentales de la economía política. A partir de dicho análisis se puede entender la mayor o menor importancia que él otorgó a las relaciones con la naturaleza. Para Marx proceso de producción abarcaba simultáneamente las relaciones de las personas con la naturaleza, las relaciones sociales que desarrollan entre los humanos en el curso de transformación de la naturaleza, y los correspondientes cambios de la capacidad simbólica humana (Wolf, 1982, pág. 3). Por lo tanto, el concepto de producción no posee únicamente un sentido económico, también ecológico, social, político y cultura1. Empero, cabe responder que Marx concentró su interés en analizar cómo ocurría la distribución social de los medios de producción dentro del capital y cómo afectaba al consumo social de las mercancías.
El proceso mismo de producción, la apropiación social de los valores de uso y de la naturaleza no constituyeron el eje central de su análisis (Eder, 1996, págs. 10‑15).

Todos los efectos ecológicos causados por el capitalismo conducen a reorientar los estudios de la pro­ducción capitalista desde un enfoque centrado casi únicamente en la distribución social de los medios de producción y generación social de riqueza, hacia una perspectiva que también considera al capitalismo como un estilo intensivo y extractivo de apropiación social de la biodiversidad generada por los ecosistemas.
La teoría valor‑trabajo de Marx, que analizaremos a continuación, permite comprender el énfasis de dicho autor en los valores de cambio y no tanto en los valores de uso.

1 . La ley del valor‑trabajo y la naturaleza.

La ley del valor elaborada por Marx constituye uno de los temas más discutidos, especialmente por los críticos verdes de la econo­mía ecológica.
Para Marx, de acuerdo con esta teoría, la riqueza social es trabajo y, por lo mismo, la plusvalía es apropiación de riqueza ‑o de valores de cambio‑ y no simplemente riqueza.
Tanto la categoría plusvaliá, como también el salario, y la renta expresan relaciones sociales de producción y, por lo tanto, son categorías socioeconómicas.
La renta no es apropiación de la riqueza obteni­da en las mejores o peores tierras, sino sobre todo la relación que se establece entre el propietario de la tierra y el arrendatario, en sus diversas formas históricas.
Marx remarca este aspecto muy claramente en el último capítulo del tercer volumen de El Capital.
El objetivo de Marx fue «desnaturalizar» el capital y las categorías socioeconómicas. Ello no implica que Marx no haya reconocido que la naturaleza produzca valores de uso, conjuntamente con la población humana (Marx, 1979).
Ambos, naturaleza humana y no humana, son los auténticos « creadores originarios de riqueza» (Marx, 1979, pág. 747).
Cabe recalcar, que a diferencia de lo que ocurre con el concepto de plusvalía, el énfasis se centra en esta última cita en los valores de uso, no en los valores de cambio.
Más aún, y tal como lo remarca Foladori (1996, pág. 134), la productividad natural del trabajo agrícola en Marx « constituye la base de todo plustrabajo» (Marx, 1981, pág. 813).
Igualmente, Marx fue sumamente perceptivo al señalar cómo diferentes formaciones sociales se articulan de manera diferenciada con la naturaleza
En las formas más antiguas, el medio ambiente era determinante para la supervivencia de la sociedad.
En dichas sociedades la relación con la naturaleza conforma el supuesto estructural cotidiano de la reproducción social (Foladori, 1996, pág. 134).
Sin embargo, como consecuencia de la reciente experiencia ecológica causada por el capitalismo contemporáneo, se requiere revisar la teoría valor‑trabajo, considerando la centralidad teórica que tiene en la teoría de producción marxista.
Algunos autores como Leff (1986, pág. 338), argumentan que dicha teoría se cons­truyó en base a una serie de conceptos que reducen las denomina­das condiciones de producción a unidades temporales y espaciales homogéneas.
Concretamente, el concepto de tiempo socialmente necesario, elemento central de la medida de valor, el cual a su vez se construye a partir de la relación de explotación capital‑trabajo, no aborda la problemática de la diversidad de los ecosistemas y la complejidad de los procesos socioambientales (Ibíd.).
En realidad, Leff plantea una provocadora discusión sobre la teoría valor‑trabajo, que no implica el abandono del análisis marxista.
Para nosotros, no obstante, lo importante es señalar que resulta difícil entender la complejidad de la diversidad de los ecosistemas cuando a Marx lo que le interesaba era desarrollar la teoría valor‑trabajo, a partir del trabajo directo y simple, dado que ello le permitía comprender la diferencia entre trabajo necesario y trabajo excedente.
En otras palabras, si consideramos exclusivamente los objetivos de Marx no podemos afirmar que la teoría del valor‑trabajo fue formulada de forma equivocada, pero sí podemos argumentar que resulta insufi­ciente para el análisis de la problemática ecológica.

Por otro lado, la teoría marxista de la producción no incorpora a la producción del valor los procesos culturales directamente relacionados con la dinámica de los ecosistemas.

Ello ocurre a pesar de que Marx menciona que mientras dure el proceso de venta de la fuerza de trabajo, los asalariados enajenarán su cuerpo y mente al capital.

Empero, la riqueza del significado del proceso intelectual no es analizada adecuadamente por Marx.

Por ejemplo, la percepción cultural de los ecosistemas, definida por Rappaport como modelo cognitivo, cumple un rol fundamental en el proceso productivo y en la reproducción de los ecosistemas.

Los mitos, refranes y cuentos que en las sociedades no‑capitalistas constituyen un mecanismo explícito o codificado que vedebra las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, conforman un patrimonio cultural que posibilitan la reproducción de la sustentabilidad de los ecosistemas y las activi­dades económicas.
La misma funcionalidad la tienen los denomina­dos modelos operativos, según la terminología de Rappaport, propios de la ciencia ecológica contemporánea y que procuran una descripción exacta de los flujos energéticos de los ecosistemas.
Es decir, tanto el modelo cognitivo como el modelo operativo, no cons­tituyen parte de la teoría valor‑trabajo.
Lo que ocurre es que uno y otro no son reductibles a términos mercantiles o cuantificables; por lo mismo, no son identificables por la teoría valor‑trabajo.

El espacio económico de la reproducción de la fuerza de tra­bajo, tampoco es uno de los aspectos analizados por la teoría de la producción marxista y, en el mismo sentido, la problemática de género.
Estos dos últimos temas son sumamente importantes, en la medida en que justamente las formas más equilibradas de rela­ción con la naturaleza ocurren en los espacios de la reproducción y están bajo la responsabilidad de las mujeres (Meillassoux, 1975).
Por ejemplo, en numerosas sociedades rurales, las muje­res, dentro de la división del trabajo, cumplen un rol preponderan­te en la producción agrícola de los bienes alimenticios.
Ello no  significa que las mujeres no cultiven productos comerciales pero su función en el espacio de los valores de uso es bastante impor­tante.
En su conjunto, las mujeres por su estrecha relación con la esfera de la reproducción tienen un interés muy directo en la cali­dad de las condiciones de producción y de vida (Collins, 1992).

  Una vez más, el origen de las aparentes insuficiencias de la teoría valor‑trabajo de Marx, radica en el énfasis que dicho autor otorga al proceso de producción de valores de cambio, y por lo mismo, a la mercantilización de la fuerza de trabajo y a la contra­dicción capital‑trabajo.
  Bajo esa perspectiva no resulta extraño que aspectos tales como la apropiación sustentable o destructi­va de los valores de uso de los ecosistemas y su correspondien­te flujo energético (Guha y Martínez‑Alier, 1997, pág. 25), no fueran analizados sistemáticamente o no constituyan el eje del enfoque marxista de la producción.

  Tampoco resulta extraño que, teniendo en cuenta los intereses de Marx, no se encuentre una reflexión, por un lado, sobre el patrimonio cultural que significan las diferentes percepciones que distintas sociedades tienen sobre la naturaleza, y por otro lado, sobre las correspondientes conductas sociales de carácter conservacionista o destructivo que dichos modelos perceptivos implican.

                      La crítica a los supuestos vacíos teóricos de la economía políti­ca marxista tiene un límite indiscutible.
                 No podemos reclamar a quienes elaboraron dicha teoría, lo que a ellos aparentemente no les interesó sistematizar.
                 Se requiere relativizar históricamente dichas insuficiencias analíticas:
                 El impacto ecológico del capitalismo y del socialismo industrial resultó un fenómeno sorprendente y preocupante después de la muerte de ambos escritores.
                
Por el contrario, nuestra reflexión sobre el marxismo y la ecología debe centrarse en evaluar lo que a ambos autores les interesó profundi­zar y en aquellos aspectos que metodológicamente pueden constituir contribuciones significativas para comprender la complejidad de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza no humana.
                
                 Temas tales como los procesos de mercantilización, las clases sociales, la reproducción simple y la reproducción ampliada, el rol del Estado, el problema del poder y la sobredeterminación social de la población en su relación con los ecosistemas conforman verdaderos aportes al desarrollo de una ecología política.
  Sobre estos temas trataremos a continuación.


2. El proceso de mercantilización versus tragedia de los comunes

            Una de las contribuciones epistemológicas más significativas del trabajo de Marx lo constituye el análisis del proceso de mercantilización.

En nuestro caso, resulta de particular interés reflexionar sobre el impacto de la mercantilización en las denominadas condi­ciones de producción.
La expansión de la economía de mercado en las sociedades no capitalistas provoca entre otros efectos la mer­cantilización de la mano de obra y de la tierra.
La mercantilización en las sociedades rurales se expresa, por ejemplo, a través de las con­tinuas migraciones masculinas a los centros urbanos o las planta­ciones modernas capitalistas.
Las migraciones altoandinas a las plantaciones cafetaleras o cocaleras de la Amazonía peruana, al tró­pico boliviano, o las migraciones a los núcleos urbanos en Kenia (Collins, 1987; Painter, 1995; Littie, 1994) constituyen ejemplos ilustrativos de dicho proceso.
No obstante, las migraciones generan un efecto ecológico considerable.
 Al producirse la migración mas­culina, sobre todo en períodos de descanso agrícola, se abandonan los trabajos de construcción y mantenimiento de la infraestructura agrícola tales como los canales de regadío y las terrazas agrícolas.
Las indicadas migraciones obligan a las mujeres a extraer leña, a ubicar las parcelas agrícolas y trasladar el ganado, en espacios cer­canos a la vivienda.
Ello conduce al uso erosivo del suelo, el sobre­ pastoreo y la sobreutilización de los recursos del bosque.
Asimismo, tal como lo hemos mencionado, las migraciones masculinas condu­cen a que, en numerosas ocasiones, sean casi exclusivamente las mujeres las que retienen el conocimiento del manejo sustentable de los recursos, de las variedades indígenas de cultivos que son más resistentes a las heladas, sequías y las pestes.

La población masculina, en el proceso de mercantilización de su fuerza de trabajo, es la primera en perder el vínculo con la tierra y con los conocimientos más adecuados sobre la naturaleza.
La mercantilización de la tierra constituye otro de los procesos que provocan consecuencias irreversibles sobre la cultura local y los correspondientes ecosistemas.
La difusión del mercado de tie­rras causa un resquebrajamiento de la solidaridad intergeneracio­nal de un grupo étnico determinado.

Tal como lo indica O'Neill (1993, pág. 39), hasta hace algunas décadas, la tierra en diversas sociedades no‑capitalistas era percibida y manejada a través de sucesivas generaciones como parte de la propiedad común o colectiva de un conjunto de familias, comunidades o grupo étnico.
Cada familia o comunidad tenía un sentido de identidad y conti­nuidad con las generaciones futuras.
Dentro de esa lógica las sociedades rurales se involucraban en acciones que garantizaban una relación sustentable y armónica con la naturaleza.
Sin embar­go, con la mercantilización de la tierra, tanto la solidaridad entre generaciones como la identidad sobre un territorio étnico tienden a desaparecer.

La tierra se convierte en una mercancía que se puede comprar y vender, de acuerdo con las circunstancias y el cálculo económico de rentabilidad que se formula cada familia por separado.
Si la tierra se puede negociar como cualquier mercan­cía, las prácticas que tradicionalmente han mantenido la sustenta­bilidad de los ecosistemas ‑no necesariamente pueden ser rentables a corto plazo. Lo que predomina es la rentabilidad eco­nómica a corto plazo y no la reproducción de la sustentabilidad de los ecosistemas a largo plazo.
En ese sentido, el análisis del impacto ecológico de la mer­cantilización permite comprender el denominado fenómeno de la tragedia de los comunes, de una manera más acertada que la misma explicación elaborada por Hardin (1968).
Para este último autor, por ejemplo, el sobrepastoreo de las tierras comunales ocu­rre como consecuencia de un incremento de la presión poblacio­nal y de una lógica individualista que busca ante todo el beneficio individual y no el interés colectivo.
Hardin propone, entre otras medidas, la privatización de las tierras comunes como solución a las externalidades ecológicas producidas por el sobrepastoreo.
Nuestra explicación anterior justamente señala que es la privati­zación ‑es decir, la mercantilización‑ de la tierra la que provoca la tragedia de los comunes.
Al mercantilizarse la tierra y la fuerza de trabajo, también se mercantiliza la cultura ecológica de la pobla­ción.

 Bajo la influencia de una economía de mercado, si los pasto­res sobreutilizan los comunes o extraen leña en exceso, o los agricultores no respetan los períodos de descanso del suelo, lo hacen porque consideran más oportuno buscar el beneficio inme­diato familiar o personal que colectivo.
Es decir, las estrategias económicas de los productores rurales han sido mercantilizadas.



3. Expansión del mercado y lógicas económicas versus formalismo económico neoclásico

Polanyi argumentó que en las sociedades donde el mercado no era la institución predominante, la economía se encontraba inmer­sa –“embedded”, utilizando su propio término inglés‑ en una serie de patrones de comportamientos o normas sociales y culturales.
Las actividades económicas se restringían por acuerdos que se establecían entre productores y comerciantes, con el objetivo de evitar la libre competencia en un mercado abierto.
A nivel de uni­dades familiares de producción y consumo, ese tipo de restriccio­nes limitaban la producción al tamaño de la familia nuclear o extensa y al número de hijos o hijas en edad productiva.
Aunque, por ejemplo, el economista agrario Chayanov negaba que entre los campesinos rusos de principios de siglo existiesen restriccio­nes culturales y afirmaba que los únicos límites a la producción los constituían la disponibilidad de mano de obra familiar y la intensi­dad del esfuerzo desplegado, tanto la investigación histórica como la etnográfica han demostrado que en numerosas sociedades tales límites han existido. Más aún, y es lo que a nosotros nos inte­resa, dicho tipo de racionalidad económica implicaba una relación específica con la naturaleza.
Ouienes han negado la existencia de instituciones y racionalidades económicas diferentes a la econo­mía de mercado, han sido los economistas neoclásicos o los for­malistas al interior de la antropología económica. Tanto en un caso como en otro, erróneamente se ha proyectado la racionalidad ins­titucional del mercado sobre otro tipo de instituciones económicas cuya racionalidad se orienta sobre las necesidades familiares, la reciprocidad o la redistribución.
Como consecuencia del proceso de expansión capitalista, un amplio o mayoritario sector de estos grupos de productores ha modificado su racionalidad económica de subsistencia, articulando sus unidades productivas al mercado.
El impacto sobre sus estrate­gias de supervivencia ha resultado considerable. El capitalismo, en su fase expansiva, transforma instituciones económicas que origi­nalmente se orientaban predominantemente a la satisfacción de necesidades familiares, y que Marx denominó «economias de repro­ducción simple». El desarrollo capitalista expande una lógica de reproducción ampliada.
Las unidades productivas, dirigidas con cri­terio empresarial, que intentan sobrevivir a la intensa y ardua com­petencia capitalista continuamente requieren renovar sus formas tecnológicas, de lo contrario desaparecen del mercado (Schmink y Wood, 1987).
La lógica económica de dichas instituciones capitalis­tas se guía por cálculos definidos a corto plazo, opuesta a las nece­sidades de sustentabilidad de los ecosistemas cuyo tiempo de reproducción es a largo plazo (O'Connor, 1994).
El tiempo de repro­ducción del capital es a codo plazo, mientras que el de los ecosiste­mas posee un ciclo bastante más largo.
Por ello, las instituciones o unidades de producción capitalistas en su fase expansiva destruyen o deterioran las bases de reproducción de los ecosistemas.
Aunque resulta indudable que la expansión del mercado ha modificado estructuralmente la racionalidad económica de la inmensa mayoría de unidades o instituciones económicas no capi­talistas, localizadas en las regiones rurales de los países menos industrializados, ello no significa que la producción de valores de uso para el consumo familiar inmediato haya desaparecido.
En algunos casos, se trata de una reproducción de formas económi­cas no capitalistas y en otros de una estrategia de supervivencia familiar frente a las difíciles condiciones que impone el mercado (Chevalier, 1982). Sea cual fuere la razón de la reproducción de dicha racionalidad, lo importante es remarcar que, en numerosas ocasiones, y sobre todo cuando se trata de sociedades indígenas que reproducen ciertos espacios de reproducción simple, la relación con la naturaleza suele ser sumamente compleja.
Por ejemplo, a pesar de que el mercado ha penetrado en las economías de diversos grupos étnicos de la Amazonía peruana, se mantiene un espacio de producción de valores de uso, una de cuyas características más importantes es el uso diversificado de los recursos naturales basado en un conocimiento sofisticado del bosque tropical húmedo (Bedoya, 1995). Las diferentes formas de expansión capitalista, a través de la expropiación del territorio étnico o a través de la economía extractiva del oro, tampoco han eliminado la existencia de ciertos límites culturales asociados a dicha producción de valores de uso, lo cual conduce a un uso del ecosistema restringido a las necesidades del grupo familiar nuclear o extenso (Ibíd.).


4. Las clases sociales y el rol del estado versus las relaciones definicionales

Otro aspecto, últimamente marginado en las ciencias sociales, es el análisis de la estructura de clases y el rol del Estado en el manejo de los recursos naturales.
Recientemente, algunos autores tales como Beck (1994, pág. 135) señalan que en el tránsito de una sociedad industrial a una de riesgo, caracterizada por inmanejables e imprevisibles catástrofes ecológicas, los conflictos de clase han dejado de tener la importancia que anteriormente se le adjudicaban.
Los accidentes nucleares o la contaminación generada en las petroquímicas afectan a todos los sectores sociales por igual. Según Beck (1994, 1995), aunque el sistema de clases no puede considerarse desaparecido, en la nueva sociedad de riesgo las estructuras industriales basadas en estratos, familias nucleares y clases sociales han cedido frente a una confusa suma de individuos. Las instituciones sociales han dejado de ser dependientes de las clases sociales y han pasado a ser dependientes de individuos.

Más aún, debe complementarse en unos casos o sustituirse en otros el clásico análisis de las relaciones sociales de producción, derivado del conflicto entre el capital y el trabajo, por el de las relaciones de definición (Beck, 1995, pág. 130).
En estas últimas, se trata de la desigualdad que existe entre quienes controlan y ocultan la información científica y legal relacionada a los peligros inherentes a la sociedad de riesgo y aquellos que son discriminados en el flujo de la mencionada información.
Para Beck, tanto las relaciones de producción como las de definición implican relaciones de poder como también desigualdad en la distribución de la riqueza.
No obstante, remarca Beck, los cambios profundos producidos por la sociedad de riesgo significan un cambio cualitativo en la forma como se expresan las relaciones de poder y, por lo mismo, debe enfatizarse la importante función que cumplen las relaciones de definición.

      Resulta indudable que para ciertas sociedades industrializa­das y para algunos grandes complejos urbanos en el interior de las denominadas «economías emergentes» como las de Brasil, México, y Chile, ciertos aspectos de este análisis pueden resultar ilustrativos.
      La observación de Beck sobre la existente dualidad entre las caducas instituciones jurídicas y la magnitud del peligro de los accidentes ecológicos, constituye una reflexión importante.
      Sin embargo, creemos que de ninguna manera puede descar­tarse el siempre complejo análisis de clase.
      En sociedades rurales tales como la misma Amazonía brasileña, los Andes boli­vianos, peruanos y ecuatorianos, las relaciones y contradicciones que se dan entre los productores rurales y los comerciantes, entre los dueños de estancias ganaderas y los asalariados, entre los colonos y los aserraderos conforman auténticos conflictos de clase. Más aún, dichas contradicciones provocan externalidades ambientales.


Un aspecto cuestionable del análisis de Beck es lo que, por ejemplo, ocurre con la distribución en el espacio de los barrios residenciales. Los grupos de mayores ingresos se ubican usualmente en lugares alejados a los centros de riesgo ‑centrales nucleares, petroquímicas etc‑ mientras que los sectores menos pudientes se localizan en sectores cercanos a dichos centros. En otras palabras, tampoco en las regiones industrializadas de los países ricos y pobres se puede ignorar el análisis de clase.

Igualmente, debe considerarse el racismo ecológico, que consiste en ubicar los residuos contaminantes de los países ricos en países pobres.
                        Una perspectiva economicista en el análisis de clases, puede inducir a una ausencia del análisis político en la misma ecología política.
Las mencionadas contradicciones de clase, en numerosas circunstancias, están mediadas por el Estado a través de variadas políticas institucionales.
Usualmente, en estos conflictos, el Estado interactúa inclinándose por uno u otro grupo social, sea a través de una política explícita o de una conducta aparentemente negligente pero que favorece a los intereses de una de las partes.
Por ejem­plo, durante los años setenta y ochenta, la incertidumbre legal y la superposición de títulos de propiedad sobre los territorios en que trabajan los colonos de las tierras tropicales del Brasil conforma un elemento que permite y facilita su expropiación y posterior expul­sión, dirigida y ejecutada por fuertes grupos de poder ganadero y maderero (Foweraker, 1981).
Una vez expulsados, los productores rurales inician sus labores en nuevas tierras ubicadas en zonas de frontera provocando ciclos continuos de deforestación.
Igualmente, el Estado, al no defender los títulos originales de propiedad de la tierra y al fomentar la expansión ganadera a través de incentivos fiscales, promovió el interés especulativo y no productivo sobre la tierra en favor de los grandes ganaderos y en detrimento de los pequeños colonos (Hecht y Cockburn, 1989).
Ello, a su vez, inten­sificó y aceleró aún más el proceso de deforestación y destrucción de la biodiversidad.
      Otro ejemplo, donde se constata tanto el conflicto de clase como el rol del Estado, es el concerniente al cultivo de la coca en la Amazonía Alta peruana
      La expansión cocalera en la región del Alto Huallaga fue acelerada por el incremento del intercambio desigual entre los productores rurales del Alto Huallaga y los intermediarios comerciantes ‑privados o estatales‑ que adquirían sus productos agropecuarios (Bedoya, 1987). Ello ocurrió especialmente desde finales de la década de los setenta y principios de los ‑ochenta.
      Los Productores del Huallaga observaron que los precios pagados por sus productos ‑arroz, maíz, té, café, cacao, etc.‑ disminuían año tras año, mientras se incrementaba el costo de los insumos tales como los fertilizantes, fungicidas y pesticidas.
      El aumento de los precios de estos insumos fue resultado de la aplicación de una polí­tica agraria estatal que, presionada por el Fondo Monetario Internacional, eliminó todo tipo de subsidios y permitió que las carencias reales del mercado se reflejasen en el libre juego de la oferta y la demanda.
      Como consecuencia de ello, los antiguos colo­nos de Tingo María ampliaron sus cocales y se involucraron directa e intensamente en la producción de hojas de coca como materia prima para la elaboración de pasta base.
      Indiscutiblemente, otros factores tales como la erosión de los suelos en las zonas antiguas de colonización, el vacío de poder causado por el fracaso de la reforma agraria, y la demanda internacional de cocaína constituyen factores que explican la expansión del cultivo de coca.
      Sin embargo, los problemas derivados del intercambio desigual, los cuales pose­en un indudable contenido de clase, constituyen un elemento fun­damental de la difusión cocalera durante los años ochenta.
      Lo importante es articular analíticamente los procesos sociales, económicos y políticos con la dinámica de deforestación que se inicia directa o indirectamente con el cultivo de la coca.
      Un ejemplo adi­cional es el descrito por Painter (1987), para el caso de Bolivia, donde también el deterioro de los términos de intercambio para los productores de la región de San Julián, localizados en el trópico, produjo la denominada crisis del barbecho o crisis del descanso de los suelos.
Por último, un aspecto también relacionado con la coca, donde se observa directamente el enfrentamiento político de grupos sociales y el consecuente impacto ecológico, es la política represiva implemen­tada por el gobierno peruano dirigida al narcotráfico, la guerrilla de Sendero Luminoso y los productores cocaleros.
Debido al descono­cimiento del verdadero carácter de la agricultura de roza y quema, los cocaleros han respondido a la erradicación de sus cultivos, migrando hacia otras regiones de la selva alta y de esta manera intensificando la deforestación del bosque tropical (Bedoya, 1996).
El accionar de Sendero Luminoso, movilizando a grupos de campesinos de una region a otra, constituye otro factor que impulsa la deforestación.
En regiones del Sudeste asiático, tales como Tailandia, la política contrainsurgente del Estado durante los años sesenta condujo a la construcción de carreteras en regiones tropicales, generando migra­ciones de campesinos y destrucción del bosque (Hafner, 1990, pág. 87).

En síntesis, observamos una interacción entre el Estado, la estructura de clases y la forma de extracción del excedente. Todo este conjunto de elementos, en los ejemplos señalados, influyen en el manejo de los recursos naturales.




5. Determinación social de la población versus neomalthusianismo


¿Causas de la crisis ecológica la Sobrepoblacion?
¿Neomalthusianismo?

Recientemente, biólogos como Paul y Anne Ehrlich (1993), en su libro titulado «La explosión demográfica, el principal problema ecoló­gico», argumentaron que quienes proponen y enfatizan la necesidiad de una redistribución de la riqueza como principal medida para resol­ver los problemas del hambre y de destrucción del medio ambiente, manipulan la realidad con el objetivo de ocultar la causa fundamental de los problemas mencionados (Ibíd., págs. 9-10). Para ambos auto­res el principal y más crítico problema lo constituye la superpoblación humana.
Esta última ha sobrepasado desde hace un tiempo la capa­cidad de soporte del planeta y, por lo mismo, es la causante de los más serios problemas ambientales tales como el calentamiento glo­bal, la lluvia ácida, la merma de la capa del ozono, la erosión del suelo, etc.
Dentro de esa lógica “neomalthusiana”, numerosas institucionses públicas y privadas de diversos países pobres y apoyados por nacio­nes industrializadas vienen implementando una serie de programas destinados a controlar el crecimiento poblacional, utilizando, entre otras medidas, acciones coactivas de esterilización humana.

En India, por ejemplo, Pujol y otros. (1992, pág. 236) señala que las mujeres son coac­cionadas, ofreciéndoles pagos si aceptan la esterilización. Diversos reportajes tele-visivos informan que, en Brasil, varios millones de mujeres han sido esterilizadas mediante presio­nes diversas, como por ejemplo condicionar su acceso al mercado laboral. lgualmente, en Perú también se han practicado esterilizaciones bajo diversos métodos engañosos En de­finitiva, las medidas de presión y coacción están dirigidas exclusivamente a las mujeres y con mayor fuerza si son pobres, negras e indígenas.

No nos cabe la menor duda de que un mundo de 20.000 millones de habitantes puede ser potencialmente más complicado que uno de 6.000 millones. Asimismo, el control únicamente voluntario de la natalidad o la reducción promedio del número de hijos puede facilitar la promoción social, económica y cultural de la población femenina, sobre todo en los países del Sur.
Sin embargo, la comprensión del problema poblacional y las correspondientes políticas de control de la natalidad radican en la interpretación que de ellas se pueda efectuar.
Para ello resulta rele­vante analizar la influencia del neomalthusianismo en las políticas demográficas de los países pobres en particular.

La politóloga Schultz (1995) argumenta que la política demográfica conservado­ra remarca únicamente los respectivos fenómenos de exceso demográfico y escasez de recursos, omitiendo la importancia de las relaciones sociales y la perspectiva de la mujer en sus derechos procreativos.

Schultz señala que la construcción del concepto de exceso poblacional se basa en un supuesto equilibrio ideal o abs­tracto entre población y recursos.

El desequilibrio entre ambas variables se define como resultado de una escasez de recursos o como exceso de población, ocultando que el volumen de los recur­sos producidos y socialmente necesarios depende de la forma que adquiera el conjunto de las relaciones sociales.

Teóricamente, se formula un cálculo matemático y objetivo que estratégicamente ignora la determinación social de los datos cal­culados.
De esta forma, la demografía aporta el grado deseado de «cientificismo» al discurso político conservador,
Seguidamente, se plantea una política concreta de selección poblacional donde se define a la población supuestamente considerada como excesiva.
Tal como Schultz (Ibíd., pág, 118) indica, generalmente es la población pobre y la que habita en territorios ecológicamente sensibles de los países en desarrollo la que constituye el exceso, y la que convierte el exceso abstracto o teórico de población en un exceso específicamente concreto.
En ese sentido, remarca Schultz, se atribuye el problema precisamente a los grupos que, en virtud de las estructuras sociales existentes, son marginados excluidos de todas las formas de acceso a los recursos.
Las men­cionadas estructuras sociales son consideradas como fenómenos naturales e inmutables.    
Por el contrario, la población se convierte en la variable instru­ mentalizable en manos del poder económico y político y en la que se puede incidir sin provocar cambios en la economía ni en la estructura del poder, omitiendo de esta forma otra variable que es la del consumo (Muñoz, 1997, pág. 13). Cabe enfatizar, tal como lo
explicita Bosch (1996, pág. 14) en una crítica ecofeminista al neomalthusianismo, que justamente es el consumo ilimitado de los países ricos ‑el 20 % de la población mundial‑ que usufruc­túa el 80 % de los recursos disponibles, lo que constituye el gran exceso de consumo y despilfarro.
      Empero, la política demográfica ejecutada por los países ricos no incide en la variable consumo, lo cual implicaría un cambio en la lógica institucional del mercado. Por otro lado, ciertas políticas de control demográfico de los paí­ses del Sur, implementadas por algunas instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales, se limitan exclusivamente a una práctica centrada en actividades de control de la natalidad sin cuestionar la desigual distribución de la riqueza (Ibíd.).
      En primer lugar, se asocia aumento de población con incremento de pobreza: los pobres son pobres porque son demasiados (Bosch, 1996, pág. 12).
En segundo lugar, al no cuestionarse las existentes desi­gualdades sociales, el discurso de estas políticas legitima una falsa política de protección del medio ambiente.

            Cabe resaltar que esta práctica, que se limita exclusivamente a las actividades de con­trol de la natalidad, no constituye la política de todas las instituciones de desarrollo. Numerosas ONGs en diversos países pobres hacen difusión sobre prácticas anticoncepti­vas pero a ello acompañan otro tipo de labores productivas que facilitan una mejora en las condiciones económicas de la población.

      La población pre­siona sobre el ecosistema provocando un agotamiento de los recursos disponibles. De esta manera, la población se transforma en una variable en sí misma negativa y manipulable, causante de los males que aquejan a las sociedades particularmente pobres y aislada de su propia determinación social. Schultz (1995) resalta, en ese sentido, los argumentos de Foucault sobre la construcción de la población como biomasa existente más allá de los individuos y la sociedad, y que corresponde a una etapa decisiva en las téc­nicas desarrolladas por el poder a finales del siglo XVII, “que ya no comprendía sólo el derecho soberano sobre la vida de sus súb­ditos, sino que se extendía a una optimización de la vida a través de intervenciones demográficas” (Ibíd.).

La causa de que la población pueda constituir un auténtico pro­blema ecológico, no radica en el mayor o menor número de perso­nas sino en la racionalidad económica de las diferentes formas de producción y sistemas sociales. En otras palabras, nuestro argu­mento es exactamente el opuesto al desarrollado por los biólogos y demágrafos neomalthusianos.

En realidad, existe una sobrede­terminación social y económica de la forma como la mayor o menor presión poblacional ejerce presión sobre los recursos.
Algunos ejemplos relacionados a los países del Sur, de carácter histórico y otros contemporáneos, pueden fácilmente ilustrar esta hipótesis.
En primer lugar, Denevan (1992) ha documentado de forma con­tundente que antes de la colonización portuguesa y española, la totalidad del territorio de la Amazonía era poblada por más de diez millones de personas. En la actualidad, las cifras demográficas en las zonas rurales sólo alcanzan un tercio de lo que existía hace qui­nientos años.
Las políticas demográficas varían en relación al contexto socioeconómico internacional y regional. En países ricos las mujeres han podido acceder desde hace tiempo a los méto­dos anticonceptivos; el control de la natalidad reclamado por los movimientos feministas como un derecho individual es una estrategia de un tipo de política demográfica. No obs­tante, actualmente en los países industrializados, tales como Suecia y Francia, se promue­ven políticas pronatalistas. Existe preocupación por el descenso de los índices de natalidad. Ello puede provocar serios «cuellos de botella» en los mercados laborales. En numerosas ocasiones, el Wall Street Joumal, publicado en Nueva York, ha editado artículos que reflejan la inquietud de ciertos sectores empresariales que en un futuro no muy le­jano existan en la economía norteamericana serios problemas de escasez de mano de obra calificada. Dicha posibilidad puede eventualmente generar problemas inflacionarios para el capital, causados por el incremento relativo de los salarios.  La presencia de un ejér­cito industrial de reserva, que abarate los costos de producción, siempre ha constituido una necesidad estructural del capital.

Lo significativo del caso es que en el período anterior existía una población numéricamente superior que manejaba los recursos naturales de manera sustentable, mientras que en el pre­sente un número relativamente inferior de personas viene destruyendo el ecosistema amazónico (Hecht y Cockburn, 1989).

Se trata de dos racionalidades económicas diferentes, con sus corres­pondientes sistemas sociales y formas culturales específicas de percibir la naturaleza, y que provocan impactos diferenciados sobre los ecosistemas. En uno y otro caso, la población humana está determinada por las estructuras económicas y sociales.
En segundo lugar, una vez más, tal como lo hemos indicado, el ejemplo de Collins (1992) demuestra que las migraciones masculi­nas contemporáneas de los Andes peruanos al trópico, cuyo objeti­vo es la obténción de mayores ingresos monetarios, contribuyen decididamente a un irreversible proceso de disminución de la capa­cidad de carga de los ecosistemas altoandinos.
La causa de ello es que las migraciones conducen a situaciones de aguda escasez de mano de obra, lo cual perjudica el mantenimiento de la infraestruc­tura agropecuaria. La disminución y no el aumento de la densidad poblacional es la causa del deterioro ambiental (Collins, 1993). Otro caso ilustrativo es el de los colonos no cocaleros de la Amazonía Alta del Perú, que al tener dificultades de escasez de mano de obra por no disponer de cultivos rentables como la coca, no tienen otra alternativa que recurrir permanentemente a la deforestación para mantener un nivel de rendimiento agrícola (Bedoya y Klein, 1996).

El incremento de la deforestación es resultado de la escasez relati­va de fuerza de trabajo y no de su relativa abundancia.

Stonich (1993), en un estudio sobre destrucción ambiental en Honduras, demostró que la concentración de tierras en manos de terratenientes y la marginación de los campesinos pobres en tie­rras de escaso valor agropecuario provocó la deforestación y la degradación del ecosistema tropical.

Stonich descarta los argu­mentos malthusianos al comprobar que las transformaciones en la distribución de la tierra, no fueron acompañadas de un incremento en la densidad demográfica.
Finalmente, Blaikie y Brookfield (1987), en base a revisar una serie de casos regionales de degra­dación ambiental, concluyen que los problemas más serios de destrucción ecológica ocurren sobre todo en regiones de mediana y baja densidad poblacional.


IV.
Comentarios adicionales

Después de intentar una evaluación global tanto de las limitacio­nes como de las contribuciones más importantes de la economía política marxista para el desarrollo de la ecología política, nos queda claro que existen algunos aspectos de la primera que deben ser íntegramente revisados tales como la ley del valor y el sentido progresivo de las fuerzas productivas capitalistas.
En otros temas, Marx y Engels ofrecen una perspectiva contradictoria que oscila, por un lado, entre frases que reflejan un sentido sumamen­te antropocéntrico respecto a la naturaleza no humana; y por otro lado, frases que remarcan el fracaso de los intentos de controlar la naturaleza al interior de la economía de mercado.
En su conjun­to, el carácter contradictorio de ambos autores se debe a dos razones fundamentales.

En primer lugar, resulta claro que en el desarrollo de la economía política construida por dichos pensado­res no existió un interés real por elaborar una crítica sistemática al proceso de destrucción del medio ambiente iniciado por la expan­sión capitalista.
En segundo lugar, es indudable que la economía política se centra en el análisis de la distribución social de los medios de producción y su efecto en la producción de valores de cambio y la generación de plusvalía.

La realidad ecológica con­temporánea, sin embargo, demuestra que el proceso de produc­ción capitalista es también apropiación social destructiva de los valores de uso generados por los ecosistemas.

A pesar de que para Marx la producción tiene una dimensión ecológica, la trans­formación de la naturaleza no fue el eje central de su trabajo.
Empero, la economía política no ha perdido capacidad de análisis ni poder de crítica.
El análisis de la mercantilización de las condi­ciones de producción, de las diferentes racionalidades económi­cas, de las clases sociales y el Estado, y la sobredeterminación social de la presión poblacional sobre los recursos naturales, constituyen contribuciones significativas para la comprensión de la destrucción de la naturaleza.
Estas perspectivas conforman ele­mentos de análisis superiores a las ofrecidas por la tragedia de los comunes, el formalismo económico de los neoclásicos, la sociedad de riesgo, y el neomalthusianismo.

Más aún, los aportes de la economía política a la ecología políti­ca posibilitan una visión más objetiva de lo que ha sido el discurso y la praxis del desarrollo en los últimos cincuenta años.
Durante las décadas de los cincuenta, sesenta y mediados de los setenta, el éxito de la mayoría de los proyectos de desarrollo rural era definido por su contribución al incremento del producto bruto de los países en desarrollo, por su capacidad de industrializar la agricultura, intro­ducir tecnología moderna, ampliar el mercado interno y proporcionar excedentes agrícolas y laborales para el crecimiento de la industria urbana.
La existencia de sociedades campesinas y pastoriles con un fuerte énfasis, aunque de ninguna manera exclusivo, en la produc­ción de valores de uso y con una tecnología indígena tradicional, era considerada como un estorbo para el proceso de modernización.
En ese sentido, se diseñaron programas de desarrollo agropecuarios basados en un modelo de ciencia agrícola, la cual define no sola­mente cómo se implementa la investigación, diseño y extensión de los proyectos, sino también implícita o explícitamente se considera a la naturaleza como un recurso a explotar (Littie y Horowitz, 1987; Corwall y otros, 1993; M. O'Connor, 1994). En términos generales, toda la organización de la infraestructura de investigación y progra­mación agrícola refuerza los supuestos conceptuales de una indis­cutible superioridad de la ciencia y los académicos occidentales.
Igualmente, se fragmenta el análisis de la realidad rural en áreas de especialización de acuerdo con las divisiones existentes en la cien­cia occidental.
El carácter holístico y multifacético del proceso de producción del conocimiento y de la dinámica de las estrategias de supervivencia de las sociedades campesinas, resulta simplemente ignorado.
Dentro de ese contexto, se inicia un proceso de autocrítica del proceso de desarrollo, que en la actualidad no sólo abarca a las instituciones académicas sino también a ciertos organismos no‑gubernamentales de desarrollo, tanto nacionales como inter­nacionales. El aporte de la ecología política, el feminismo y el activismo participativo han cuestionado severamente los mencio­nados paradigmas sobre la teoría del desarrollo.
A esta última no se la puede desarticular del problema de la democracia o de la participación de la sociedad civil o de la relación con los supues­tos beneficiarios de las acciones de desarrollo.
Asimismo, el desarrollo no debe concebirse sin un adecuado conocimiento de las específicas racionalidades económicas de las sociedades cam­pesinas o de las denominadas economías mercantiles simples.
De igual manera, el análisis del complejo y sofisticado proceso de producción del conocimiento de las sociedades indígenas, res­pecto al manejo de los recursos naturales constituye uno de los elementos más importantes de todo proceso de desarrollo.
No obstante, ninguna de las dos últimas dimensiones ‑racionalidad económica y cultura ecológica‑ pueden separarse de la dinámi­ca de la participación de la población.
El proceso participativo de la sociedad civil constituye a corto y largo plazo una garantía de un estilo radicalmente diferente de desarrollo, siempre y cuando se tengan en cuenta la lógica económica y cultural de las socie­dades beneficiarias.
La afirmación de Polanyi de que los procesos económicos están firmemente articulados con los procesos sociales y políti­cos, ha adquirido una renovada vigencia cuando analizamos el caso del diseño de los proyectos de desarrollo rural sustentable.
Por un lado, el análisis del proceso de mercantilización de las sociedades no puede desarticularse del análisis de la cultura eco­lógica en las sociedades campesinas.
Por otro lado, la dinámica ecológica no se puede aislar de la formulación de las estrategias de supervivencia campesina y del proceso de producción del conocimiento, respecto al manejo de los recursos naturales.
Sin embargo, la constatación de la relación entre una y otra dimensión no otorga legitimidad a los proyectos de desarrollo.
La participa­ción crítica de la sociedad civil, insistimos, constituye el elemento más importante para otorgar legitimidad a la acción de desarrollo, si es que consideramos que los supuestos beneficiarios son los verdaderos conocedores de sus propias estrategias económicas y ecológicas. Fundamentalmente, es la población beneficiaria la que finalmente resultará afectada por dichos proyectos y la que debe tener control real de¡ proceso de desarrollo.
En ese sentido, el análisis político de los proyectos de desa­rrollo sustentable constituye un objetivo sumamente relevante.
Probablemente uno de los trabajos que ha dirigido una crítica mas racional a este tipo de limitaciones es el libro The Anti­-Politics Machine de Ferguson (1990). Este autor elabora una crítica a los proyectos de desarrollo desde la perspectiva de la racionalidad de los sistemas de dominación como mecanismos de control social y de reproducción de la estructura social.
En realidad, Ferguson genera una interesante combinación de los aportes más significativos del sustantivismo económico con el análisis de Foucault sobre las racionalidades políticas contem­poráneas.

En la metodología de algunos proyectos de desarrollo sustentable, desafortunadamente, encontramos algunos ele­mentos que podrían conducir al fortalecimiento de las estructu­ras del poder de los campesinos más ricos, a la diferenciación socioeconómica y a la marginación de la mujer.

Un caso ilustrativo es el análisis de los proyectos de desa­rrollo, implementados en la región andina, y de su escasa corn­prensión de las estrategias campesinas de asignación de recursos humanos. Dentro de un contexto donde la fuerza de trabajo resulta el principal factor de producción y donde la utili­zación de maquinarias tiene límites sumamente estrictos, la rea­signacion de aquel recurso fundamental constituye un aspecto que merece reflexión (Rist, 1992; Cadena, 1986). Más aún, la casi absoluta mayoría de proyectos rurales implican procesos de reestructuración de las estrategias de asignación de recursos humanos.
Como resultado, en algunas ocasiones las mujeres y los hombres campesinos no aceptan con facilidad ‑o incluso rechazan temporal o definitivamente‑ los esquemas participati­vos propuestos por las instituciones de desarrollo.
Dentro de la lógica campesina ‑articulada a la economía de mercado‑ la organización de la fuerza de trabajo familiar se realiza sobre la base de la maximización de los recursos disponibles y las estrategias económicas de supervivencia.
Desafortunadamente, nuestra lectura sobre numerosos proyectos de desarrollo rural de­muestra que la problemática de la distribución y redistribución de los recursos humanos no se aborda convenientemente.
En primer lugar, uno de los aspectos que más resalta es el incremento en el número de horas de trabajo que la mujer tiene que efectuar como consecuencia de la introducción de proyectos de reforestación.
Una investigación de FAO (véase, pág. 55) realizada en cuatro co­munidades alto‑andinas del Cuzco comprobó que los proyectos de reforestación participativa terminaron perjudicando a las mujeres.
La ubicación de las tierras de reforestación en terrenos tradicio­nalmente dedicados a la ganadería, obligó a las mujeres campesi­nas a trasladarse a zonas más lejanas para el pastoreo del ganado.
La mayor cantidad de trabajo dedicado al cuidado y traslado del ganado condujo al relativo abandono de otras actividades tarmbién prioritarias.
La forma como los campesinos distribuyen su tiempo entre la producción de valores de uso y la producción de valores de cam­bio, también constituye un aspecto que no es adecuadamente abordado por las instituciones de desarrollo. En el mismo estudio efectuado por la FAO, se observa que la mayor participación cam­pesina para los proyectos de reforestación se logra a través de los campesinos medios, medios altos y altos. Los campesinos pobres consideran que la introducción de especies forestales ‑eucaliptos por ejemplo‑ en sus reducidas parcelas reduciría el espacio dedicado a las actividades agrícolas y pastoriles.
En las pequeñas par­celas de los campesinos pobres el grueso de la producción se orienta a la producción de bienes alimenticios para el autoconsumo (Ibíd.; INE, 1987). La producción de los valores de uso sigue constituyendo un aspecto fundamental de la economía campesina, conjuntamente con la de los valores de cambio.
Si un proyecto de reforestación pretende introducir variedades que no proporcionan suficientes ingresos monetarios a corto plazo para los campesinos más pobres, y sustituyan equitativamente a los no monetarios, las posibilidades de su rechazo no son sólo altas sino lógicas.
La esti­mación económica resulta absolutamente fundamental en la vali­dación de las plantaciones forestales. Un plan de manejo forestal puede ser técnicamente adecuado, «ecológicamente sustentable y socialmente aceptable, pero si no reporta beneficios económicos a los miembros... de la comunidad, es muy probable que tal plan no tenga el éxito esperado, puesto que tanto las comunidades como las familias se guían con criterios de rentabilidad y de mercado» (FAO, 1995, pág. 8).
Incluso, de acuerdo con lo que hemos expli­cado, la decisión de mantener la producción de valores de uso, entre los sectores más pobres, es consecuencia de las condiciones desfavorables del mercado y de los precios en particular. Tal como Scott (1976) lo argumentaría, en esas circunstancias se impone la «economía moral» del campesinado más pobre frente al riesgo e incertidumbre que significarían la aceptación de otras opciones productivas. Por el contrario, los estratos más altos de los campe­sinos pueden expresar mayor interés en participar en ese tipo de proyectos debido a que su mayor disponibilidad de recursos natu­rales los libera relativamente de las actividades de subsistencia.
En términos generales, el estudio de la FAO (véase) demostró que cuando se ubicaban los espacios de reforestación en terrenos comunales, los campesinos más pobres deseaban que las planta­ciones forestales cubran las necesidades familiares de leña o cons­trucción de vivienda. Los campesinos ricos deseaban orientar la producción forestal hacia la comercialización. Es decir, la diferencia­ción socioeconómica interna de una comunidad se expresa en las distintas estrategias de reproducción que adoptan las familias cam­pesinas.
Para unas unidades familiares campesinas el eje de las estrategias de reproducción se encuentra en la actividad parcelaria, mientras que para otras en el trabajo asalariado en las parcelas o  fundos cercanos y para otro sector en las migraciones temporales masculinas (FAO, 1995, pág. 8).
Consecuentemente, los costos de oportunidad de la mano de obra serán totalmente diferentes para cada caso y los beneficios que se obtendrían de un proyecto de manejo de recursos naturales tendrán un valor diferenciado (Ibíd.).
(Bibliogrfia en proceso de edición)

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