viernes, 1 de julio de 2011

W de Wikileaks 42 Panama: el canal del dominio


Libro de Bruno Cardeñosa
W de Wikileaks
Libros Cupula


42

PANAMÁ: EL CANAL DEL DOMINIO

La historia de Panamá y su canal es la historia de una dominación, un ejemplo de cómo el colonialismo ha sido discreto y efectivo, y de cómo lo que demuestran log cables de Wíkileaks es cierto: el poder actúa como una empresa y los diplomáticos como la fachada oficial que esconde los intereses del poder económico.
La inclusión del canal de Panamá como uno de los lugares estratégicos a proteger frente a las amenazas es una clara muestra de ello.

1 de enero de 1880. Ese día empieza esta historia para la que el cablegate ha escrito el último capítulo.
Entonces comenzó a construirse el canal de Panamá, que pretendía unir los océanos Atlántico y Pacífico a través del istmo centroamericano. Las obras corrieron a cargo de la empresa francesa Compañía Universal del Canal de Panamá. Al frente de ellas estuvo Ferdinand de Lesseps, el hombre que ya había construido el canal de Suez y que parecía el adecuado para llevar a cabo la proeza, necesaria, eso sí, en un tiempo en el que el mercado internacional ya necesitaba de nuevas vías de comunicación.

Era un proyecto faraónico. Tanto es asi que, once años después, con treinta y tres kilómetros construidos, la empresa quebró.
Y los derechos de la obra, así como una franja en torno al canal de casi diez kilómetros de ancho, fueron comprados por Estados Unidos, que exigieron a Colombia, el país que era dueño de Panamá por aquel entonces, que la cesión fuera efectiva.

En Bogotá se negaron................La solución fue sencilla:
Roosevelt envió al ejército y alentó un conflicto interno. Y hubo guerra con final conocido: Estados Unidos, que no los panameños, declaró la independencia de Panamá. Se firmó un tratado entre los franceses y los diplomático, que estaban al servicio del presidente norteamericano que otor­gaba autoridad plena ‑y perpetua hasta el fin de los tiempos‑ a Estados Unidos sobre una franja de dieciséis kilómetros en torno al canal así como su completo dominio comercial y político. Se impuso un gobierno controlado desde el norte y en 1914, los ochenta y dos kilómetros de longitud del canal quedaron definiti­vamente construidos y en manos de Estados Unidos, que ya tenía el control de la ruta marítima comercial más rentable del plane­ta. Además, en aplicación de la doctrina Monroe, dictada en 1823 por el presidente James Monroe, se establecieron bases, norteamericanas en Panamá que serían utilizadas como punto de partida de operaciones que tenían por objeto el control de los gobiernos de América del Sur en caso de que las políticas que llevaran a cabo fueran opuestas a las directrices de la Casa Blan­ca.


 Durante todo el siglo XX éste ha sido el destino de muchos países del continente, aunque los informes de los embajadores demuestran que parte de ese control se ha perdido y que es nece­sario utilizar otras herramientas para ejercer esa ascendencia no escrita.
El estatus de Panamá permaneció así hasta 1968, y todos los gobiernos del país ‑ninguno democrático‑ fueron impuestos desde el exterior.
Pese a ello, y para evitar situaciones que pusie­ran en riesgo la integridad de los planes de Washington, hasta entonces se produjeron seis intervenciones militares encabezadas por el ejército norteamericano en este pequeño país de apenas 75.000 kilómetros cuadrados.
En ese año, el dictador Arnulfo Arias, que pertenecía a una de las familias más ricas del país, compró la mayor parte de las tierras que estaban en manos de las dos empresas que hasta ese momento ejercían el control sobre ellos.
Se trataba, por un lado, de la Standard Oil de la familia Rockefeller, que controlaba los recursos energéticos, y, por otro, la United Fruit Company, que había adquirido gracias a sucesivos dictadores el dominio abso­luto de miles de hectáreas para sus cultivos. Por supuesto, ambas multinacionales controlaban el mercado del canal, que era pose­sión de Estados Unidos.
Una parte del ejército se rebeló contra el dictador Arias.
En aquellos momentos, las enormes riquezas generadas por el canal no habían repercutido en absoluto sobre un pueblo que estaba sumido en la pobreza en más del ochenta por ciento de su población. Un año después, con un gran respaldo por parte del pueblo, el general Omar Torrijos alcanzó el poder.
Y sin manifestar ideología de ningún tipo ni vinculación a ningún gobierno de izquierda ni derecha en el continente, logró mejorar las cosas. Su imagen internacional sirvió para que en Washington se plantearan las cosas cuando el mundo entero empezó a cuestionar el dominio sobre el canal y sobre el país que se ejercía desde la Casa Blanca.

Torrijos llegó a acuerdos con diversos gobiernos norteamericanos en los que eran prioritarias las ayudas al desarrollo para sacar de la pobreza a su país. El más importante de esos acuerdos se estableció entre él y Jiminy Carter. Y, por primera vez en setenta años, el nivel económico, cultural y social del país creció. Hubo ataques mediáticos y campañas internas apoyadas por los servicios de inteligencia occidentales, pero Torrijos resistió y su plan se cumplió, ya que en sus negociaciones fue capaz de satisfacer a unos y otros, gracias a lo cual las empresas norteamericanas pudieron seguir manteniendo su posición.

Carter dejó la presidencia de Estados Unidos en 1980. Ronald Regan ocupó la Casa Blanca en enero de 1981 tras arrasar en las elecciones. Meses después, el 31 de julio de 1981, un avión panameño sufrió interferencias; se trataba de unas emisiones provenientes de tierra que inutilizaron los instrumentos de a bordo. El piloto perdió el control del avión. No pudo evitar la catástrofe. Se estrelló. A bordo viajaba el presidente de Panamá, Omar Torrijos.

Tras la muerte de Torrijos, al frente del país apareció la figura de un nuevo dictador. Se llamaba Rubén Paredes. Detestaba a Torrijos. Anuló todos los acuerdos que había establecido su antecesor y volvió a entregar todos los derechos sobre el canal a Reagan, aunque una nueva rebelión en el seno del ejército hizo que renunciara a su cargo y convocara elecciones.
Las ganó el representante del partido de Torrijos. Arriba, en Estados Unidos, volvieron a temblar. Y Arnulfo Arias, que todavía rondaba por allí, y que jamás había creído en el poder de las urnas, denuncio fraude electoral.
Todos los organismos internacionales lo negaron. Menos Estados Unidos, que logró, además, conseguir el apoyo interno de un hombre llamado Manuel Noriega, un aliado de Estados Unidos que trabajaba para el ejército.
           
Finalmente, al frente del país se quedó Eric del Valle tras la dimisión de Barletta debido a presiones en todos los ámbitos. Noriega pasó a ser el hombre fuerte del país. Con él, el control de Reagan estaba asegurado, pero Noriega empezó a solicitar derechos a favor de Panamá en relación al dominio del canal. Fue entonces cuando comenzó a alejarse de Washington. Se negó, incluso, a prestar las bases en su territorio y su ejército para la invasión de Nicaragua. Aquello colmó la paciencia de Reagan, que aseguró que Noriega era uno de los más importantes capos de la droga y traficantes de armas en el mundo.

A Reagan lo sustituyó George Bush padre, que había sido dueño de la United Fruit Company, que años atrás había ejercido casi como un gobierno privado en Panamá.

El siguiente gran capítulo de esta historia se escribió el 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá en la que fue la mayor ofensiva militar desde la guerra de Vietnam. Al mundo entero se le narró una versión oficial: el objetivo de aquella campaña militar era Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá. Fue capturado.
Se dijo de él que era un corrupto, que violaba los derechos humanos, que tenía a Panamá bajo su dominio... Y que había que salvar al país y al mundo entero porque Noriega representaba lo peor de las dictaduras militares.
Se lo convirtió en el enemigo número uno, en el personaje más deleznable de la Tierra, en un sátrapa, un tirano...

Con el tiempo se han conocido detalles que sirven para aclarar un poco una verdad que durante mucho tiempo se escatimó al gran público. No deja de ser extraño que, tras la muerte de Torrijos, Noriega fuera aupado a la cúpula del poder por parte de Estados Unidos. De hecho, fue uno de los hombres determinantes a la hora de devolver el control económico del canal a los vecinos del norte. E incluso hoy se sabe que, en las elecciones de 1984, la CIA financió la campaña electoral del candidato próximo a Noriega. Las ganó, sin embargo, la oposición de Nicolás Barletta, miembro del partido que había fundado el asesinado Torrijos...

La inestabilidad, una vez más, se adueñó del país.

Poco después, movimientos rebeldes financiados desde el exterior y campañas internas despejaron el camino a Noriega, pero la colaboración de este personaje con Estados Unidos venía de atrás.
Que popularmente se diga que Noriega era agente de la CIA no es casualidad. Ni siquiera es falso.
En 1989, el propio director de la agencia de inteligencia, William Casey, llegó a decir públicamente en declaraciones al periódico Los Ángeles Times que Noriega estaba prestando un valioso apoyo a las campañas antidroga de Estados Unidos en Centroamérica. Incluso se refirió a él como «mi chico».
De hecho, Noriega se había formado como militar en la llamada Escuela de las Américas, una base militar establecida en 1948 en Panamá y en la que se adiestraron algunas de las guerrillas que apoyaron durante todo el siglo XX  a los dictadores americanos.
Además, durante el Juicio que se llevó a cabo contra él quedaron al descubierto sus vínculos con la D‑2, el servicio de inteligencia de Guatemala.
El objetivo de Noriega, según quedó demostrado, era proporcionar a Estados Unidos guerrilleros para los escuadrones de la muerte que durante esos años actuaron en varios países americanos defendiendo a diversas dictaduras, como es el caso de los siniestros grupos que operaron en El Salvador, que habían sido formados por el mismo personaje que después crearía perversas milicias en Irak sobre las que hablan los warlogs conocidos en 2010 . El círculo se cierra fácilmente. Y, dentro de ese círculo, no hay más que mierda.

Pero he aquí que Noriega se volvió díscolo.
En uno de sus cambiantes arrebatos decidió no apoyar a Estados Unidos y reclamar el canal.
Tras la invasión de Panamá, el tráfico de estupefacientes en el país aumentó, pese a que se acusaba a Noriega de ser el responsable del narcotráfico.
El nuevo presidente, Guillermo Endara, tuvo en su poder un listado de catorce empresas que blanqueaban allí el dinero de la droga procedente de Colombia. Así, durante los años noventa, Panamá se convirtió en el mejor carril para el tráfico de droga. Un agente de la DEA, la Agencia Antidroga del gobierno de Estados Unidos, hizo unas revelacio­nes sobre lo que estaba ocurriendo en aquellos años en los que Noriega formaba parte de esa agencia.
No era un don nadie, sino el director de la DEA en Honduras y uno de los hombres impor­tantes de la diplomacia norteamericana en el continente: Celesti­no Castillo.

En sus memorias aseguró: «En mis informes anoté los nombres de los traficantes y también la trayectoria y destino de cada vuelo.
Cada mes, centenares de vuelos llevaban cocaína a los compradores y regresaban con dinero destinado a la gran lavadora del istmo de Panamá.
Esta droga se acumulaba en dos hangares de llopango, propiedad de la Agencia de Seguridad Na­cional (NSA) y de la CIA. »

En consecuencia, con el arresto de Noriega no se benefició la lucha contra el tráfico de droga.
Por el contrario, la situación fue a peor.
Y eso que su teórico líder ya estaba en la cárcel. La inva­sión de Panamá fue, por tanto, una campaña para eliminar a un amigo que se había vuelto díscolo y se había convertido en un incoveniente para las operaciones coloniales de Estados Unidos.
También se supo, gracias a comisiones internas, que el dinero que se usó para financiar campañas electorales de candidatos próximos a Estados Unidos salió de los diferentes cárteles de la droga de Colombia.
Las dudas sobre quiénes están en todas las piezas del puzle del tráfico de drogas siguen vigentes.
En 1999, Michael Grasso, el presidente de Wall Strect, visitó Colombia. Se adentró en la selva y se entrevistó con el líder de las FARC, que era acusada como narcoguerrilla por Estados Unidos. Se hicieron fotos.
Apenas hubo escándalo por ello.
Y eso que el interlocutor del economista norteamericano fue nada menos que Raúl Reyes, el hombre que fue abatido en 2008 por el ejército colombiano.
En una rueda de prensa posterior, Grasso aseguró:

«Pese a su apariencia, Raúl Reyes, con su uniforme de campaña y su M‑16 al hombro, sabe bastante de inversión y mercados de capital ex­tranjero en Colombia. »

Tras la reunión, Grasso los invitó a él y a Manuel Marulanda, alias Tirofijo, también muerto recientemen­te en una operación contra él, a visitar la bolsa neoyorkina. ¿De qué habían hablado? ¿Para qué? ¿Para el proceso de paz? «Un intercambio de capitales», dijo Grasso.
Con Norlega en la cárcel y el país ocupado a la fuerza, el control de Panamá volvió a manos de Estados Unidos, pese a que ya no pudo ser tan férreo como antaño.
Desde mediados de la primera década del siglo XXI, la ampliación y modernización del canal fue una necesidad imperiosa.
El gobierno sacó a concurso público las obras.
Y el embajador se puso a trabajar de forma intensa en conseguir que una empresa de su país obtuviera las li­cencias oportunas. Esa empresa fue Bechtel, la misma que había sido elegida por la Casa Blanca para construir las infraestructu­ras más importantes en la reconstrucción de Irak y que, casual­mente, estaba dirigida por veteranos líderes del Partido Republi­cano que estuvieron en el poder en tiempos de Reagan y los Bush.
Una vez más, los diplomáticos norteamericanos saltaron la frontera. Se metieron en donde no debían y, sobre todo, como no debían.
La empresa mejor colocada para arrebatarle a Beclitel el contrato ‑valorado en 2.350 millones de euros, según la oferta que realizaron‑ era la española Sacyr, sobre la cual se inició desde la embajada de Estados Unidos en Panamá una campaña de descrédito con objeto de convencer al gobierno panameño so­bre la compleja situación financiera de Sacyr. La hipocresía llegó al punto de que el Departamento de Estado pidió a la embajada norteamericana en España información sobre el posible apoyo a la candidatura de Sacyr por parte del gobierno español. Si real­mente era así, se podía intentar impugnar la victoria de la cons­tructora española.
No deja de ser curioso que el cuerpo diplomá­tico entendiera como ilícita una presunta acción que ellos cometían de igual modo y de forma permanente. Finalmente, Sa­cyr obtuvo el contrato, ya que su oferta estaba unos mil millones de euros por debajo que la de Bechtel.
Para los políticos norteamericanos el presupuesto de Sacyr era extremadamente bajo, y, una y otra vez, los embajadores im­plicados presentaron por escrito sus sospechas de que el gobier­no español había facilitado a la empresa apoyo financiero y cre­diticio.
Incluso llegaron a poner por escrito que las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, y entre Estados Unidos y Espa­ña, podían verse afectadas a causa de la derrota norteamericana.

Cualquier apoyo de España a la independencia gubernamental de los países americanos respecto a Estados Unidos ha side motivo de irritación entre la clase política norteamericana.
En muchos de los informes desvelados por el cablegate ha quedado demostrada la vigilancia y control que se efectúa sobre este asun­to. Para Estados Unidos, hay dos Américas Latinas. Por un lado. la encabezada por Venezuela, Ecuador y Bolivia (y algo menos por Guatemala, Brasil y Argentina) y, por otro, la encabezada por Colombia, con países más o menos posicionados a su lado,  como México y Chile. En principio, Panamá está junto a estos últimos.
Sin embargo, el asunto del contrato del canal de Pana­má quebrantó ese dibujo, porque en Estados Unidos estaban convencidos de que este país estaba de su lado.
Uno de los informes desvelados, fechado el 22 de agosto de 2009, informa de que el presidente panameño, Ricardo Marti­nelli, solicitó a Estados Unidos ayuda para labores de espionaje y en la lucha contra la delincuencia.
Dicha ayuda la proporcio­naría ‑en la petición del mandatario‑ la DEA (Agencia Anti­droga), que facilitaría los mecanismos de escuchas telefónicas a los sospechosos de estar involucrados en corrupción o que parti­ciparan en maniobras que tuvieran su origen en gobiernos iz­quierdistas.
La maniobra de Martinelli era todavía más siniestra. En esta ocasión, la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, no quiso entrar al juego del «aliado», que, al igual que ocurrió con otros en el pasado, estaba en la cuerda floja, y si hoy era amigo, ¿sería mañana enemigo? En la lista de objetivos a ser sometidos a escuchas telefónicas no sólo había riarcotrafican­tes o delincuentes, sino también enemigos políticos. La propia embajadora reconoce que Estados Unidos apoyó su candidatura, para que sirviera de contrapeso a los países del entorno de Vene­zuela.
Sin embargo, en su cable diplomático se dice que le señaló al presidente que eso no significaba que Estados Unidos tuviera una deuda que pagar.
Martinelli incluso llegó a sugerir que po­dría limitar su apoyo a la DEA en la lucha contra la droga en caso de que no lo apoyaran en sus enfrentamientos internos.
Y llegó a sugerir que agencias de seguridad de Israel podrían encar­garse de las mismas labores que la DEA.
La venganza de Martinelli fue, entre otras, el negar a Bechtel el contrato para la ampliación del canal de Panamá. Son los ries­gos de utilizar a personajes de dudosa talla política en una guerra encubierta por la ideología, que es lo que realmente está hacien­do Estados Unidos en América del Sur.
Hoy, el país presidido por Martinelli se ha convertido en uno de los diez paises del mundo con mayores desequilibrios económicos e incluso ha llevado a cabo actos repudiables.
Por ejemplo, suspendió el derecho a huelga con la aprobación de la llamada Ley 30, en junio de 2009, apenas un mes después de llegar al poder con un gran apoyo elec­toral en un momento en que toda la oposición se encontraba en­vuelta en numerosos conflicos internos.
Tras la aprobación de la norma, llegaron las huelgas, y Martinelli no dudó en utilizar a la Policia para ejecutar una brutal represión que tuvo como conse­cuencia seis muertes.
El cablegate provocó un terremoto político en Panamá.
Mar­tinelli aseguró que los telegramas de la embajadora reflejaban sólo una interpretación personal que no encajaba con su peti­ción, que únicamente tenía como objetivo la lucha contra la de­lincuencia organizada.
Sin embargo ‑y he aquí un elemento que ha pasado algo desapercibido en los medios que han publicado los cables‑, uno de los informes de la embajadora reconoce la existencia de escuchas telefónicas en Panamá por parte de los agentes norteamericanos, aunque se muestra tranquila por ello:

«Nuestro programa de intervención telefónica, que funciona bien y actúa bajo normas legales, podría soportar fácilmente el escrutinio público en el momento que salga a la luz. »

Más ade­lante, la embajadora recomienda:

 «estar vigilantes contra el peli­gro de los oficiales locales que traten de manipular el programa para juegos políticos internos. Debemos ser capaces de defender toda acción que tomemos, y así hacernos inmunes a las amena­zas de revelar nuestro programa si no cedemos a las presiones. »

Después de los cables llegaron más tensiones. Hubo cambios en la legación diplomática norteamericana. Stephenson abando­nó el país, pero las complicaciones en las relaciones entre ambas naciones no han dejado de estar presentes en ningún momento. La detención de un primo del presidente en México acusado de lavar dinero procedente del tráfico de droga no hace sino incrementar la tensión. De no ser por el cablegate no se habría descubierto cuán peligrosos son los aliados que busca Estados Unidos en su intento de manejar a los gobiernos latinoamericanos.
Los aliados, a veces, son personajes realmente inquietantes que ni siquiera respetan a sus patrocinadores, en este caso Estados Unidos. Tampoco respetan a los ciudadanos del país que gobiernan.
A Perú le salió un Fujimori. Y a Panamá un Martinelli. «Se nos fue la mano», dijo Martinelli tras la represión policial ante las manifestaciones de los trabajadores panameños. Casi al mismo tiempo, otros cables muestran cómo se intenta utilizar a elementos de la oposición en Venezuela para perjudicar a Hugo Chávez; incluso en uno de ellos la paranoia llega al punto de creer ‑o hacer creer, que para eso están los diplomáticos‑ que la campaña de operaciones a personas con problemas de visión en Venezuela puede ser una campaña de búsqueda de adhesión ideológica, ya que los pacientes llegados de países como México retornaban a su país muy agradecidos a Venezuela, ya que los viajes y operaciones se financiaban desde Caracas.
Por la misma época, varios telegramas alertan de que Lula es díscolo porque no beneficia en los contratos oficiales a las empresas norteamericanas.



No hay comentarios:

Publicar un comentario